Un paso hacia la Democracia real

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Gravemente se ha ido arruinando el edificio de la democracia al resquebrajarse sus bases principales: la independencia entre poderes, la representatividad y el respeto a las minorías.

Son evidentes la degradación y pérdida de dignidad de los políticos y como consecuencia la disminución de confianza hacia ellos de los ciudadanos. Las razones son de todos conocidas.

La Ley de Responsabilidad Política se inspira en la idea de hacer una política de dimensión humana avanzando sobre la actual democracia formal cuyo rito electoral resulta cada vez más insuficiente.

En el Documento Humanista (Silo, 1993, cap. II, La Democracia Formal y la Democracia Real ) se establecen los principios políticos de una Democracia Real que, sintetizados, son:

  • Independencia real de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
  • Verdadera práctica de la Representatividad en forma de consulta popular, plebiscito y elección directa de candidatos. Implementación de la Democracia directa.
  • Igualdad de oportunidades para todos los partidos.
  • Mecanismos de remoción de los candidatos que no cumplan su programa político. Ley de Responsabilidad Política.
  • Garantía de representatividad para las minorías.
  • Impulso de una organización federativa en la que el poder político real vuelva a manos de las entidades histórico culturales oprimidas, en la actualidad, por la compulsión del estado centralista en manos del gran capital.

En el mismo documento se establecen los principios de carácter social sobre los que se debe fijar el cambio político, tales como, la garantía de los derechos fundamentales para todas las personas, la libertad de expresión y de culto, la reconciliación en la relación trabajo/capital, etc.

El objetivo de la Ley de Responsabilidad Política es cambiar las reglas del juego democrático creando mecanismos de control a los políticos, por parte de la ciudadanía, para evitar que mientan y sirvan a intereses ajenos al mandato recibido. Se trata de impulsar una ética de lo social que establezca el bien común por encima del interés personalista o partidista. Los responsables de organizar el todo social no deben ser profesionales políticos sino provenir del tejido asociativo, cultural, y el mundo del voluntariado.

La Ley debe garantizar al menos:

La igualdad de oportunidades de los partidos:
Los candidatos presentan sus programas políticos a la ciudadanía a través de los medios de difusión que se encargan de hacerlos llegar a la población en igualdad de condiciones.

El cumplimiento del programa electoral:
El cargo electo debe ceñirse a sus promesas pudiendo ser removido si las incumple. La ley regula el procedimiento dejando un margen de rectificación.

La consulta directa:
Todas aquellas decisiones de carácter relevante no contempladas en el programa deben ser consultadas a la ciudadanía para su decisión al respecto. Por ejemplo: rescate bancario, endeudamiento, recortes sociales…

La aplicación en todos los ámbitos de decisión política:
La responsabilidad política se implementa desde la misma base social donde la ley otorga carácter vinculante a los foros, concejos o asambleas vecinales y la capacidad para destituir al concejal de barrio en caso de incumplimiento de funciones o mal desempeño de su actividad.

Ha llegado el momento de que los ciudadanos canalicemos el hastío que sentimos hacia la clase política exigiendo una ley que los obligue a ejercer bien su función y si no cumplen… ¡Qué se vayan!

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