El Tribunal Supremo avala la prohibición de los pisos turísticos

Recientemente, el Tribunal Supremo ha respaldado la prohibición de los alquileres turísticos en edificios plurifamiliares de Palma de Mallorca. La resolución del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que anuló dicha medida en 2018 (a instancia de la patronal de alquiler turístico HABTUR) da, finalmente, la razón al Consistorio Balear.

El Alto Tribunal fundamenta su sentencia en los informes que reflejan el impacto de la actividad turística en la Isla Balear tanto en sus efectos sobre el medio ambiente y sobre los recursos del territorio como en la angustiante escasez de vivienda. Hace pocos días miles de personas se manifestaron contra el exceso de turistas que hace muy complicada la vida a los nativos del lugar. Cada año, las islas reciben la friolera de 15 millones de visitantes erigiéndose como la segunda comunidad con mayor azote turístico tras Catalunya que alcanza los 18 millones.

Sabemos que esta medida no va a modificar en absoluto la situación de colapso habitacional (tanto de alquiler como de compra) así como tampoco el artículo 47 de la Constitución española que reza lo siguiente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Y esto es así porque el legislador y el ejecutivo se insertan en un contexto paradigmático capitalista y mercantilizante regido por el único parámetro del beneficio económico, es decir, del interés privado de unos pocos impuesto al interés general de todos los demás.

Cualquier propuesta que no cuestione transversalmente la idea anterior, es decir, la intencionalidad del sistema capitalista, es una máscara de la injusticia cuyo fin es la legitimación de la violencia, en este caso, económica. Cuestionar el sistema es, entre otras cosas, tomar conciencia de que es una aberración aplicar la ideología mercantil neoliberal para “hacer efectivos” los derechos básicos de las personas. Es directamente inmoral estimular el beneficio económico cediendo a la codicia privada el derecho de todo ciudadano a disfrutar de una vivienda digna. Y no porque lo diga la Constitución sino por el sentido común que emana de una mínima empatía hacia la dignidad humana.

A partir de ahí es claro que la gestión de lo público debe estar en manos del interés general, es decir, de aquellos elementos que lo planifiquen e implementen sobre la base del bien común en términos de redistribución de riqueza y reconocimiento de identidades. Si la vivienda es un derecho, no puede ser objeto de negocio ni de acumulación especulativa. Las casas son para vivir.

Aplaudimos la postura del Supremo e instamos a seguir promoviendo iniciativas en esa dirección teniendo en cuenta la necesidad de profundizar en la idea de que “no habrá progreso si no es de todos y para todos”.